No 11 El acceso a los servicios públicos domiciliarios como derechos fundamentales y el acuerdo de comercio de servicios (TISA)

No 11 El acceso a los servicios públicos domiciliarios como derechos fundamentales y el acuerdo de comercio de servicios (TISA)

Desde que se promulgó la Ley 142 de 1994 (Ley de Servicios Públicos) que ya cumplió 20 años, los servicios públicos domiciliarios han sido considerados como un derecho colectivo, que cumplen funciones económicas y sociales por parte del Estado, y cuyo fin es mantener y acercar a los ciudadanos a un nivel de vida adecuado, que el Estado está en la obligación de garantizar en términos de calidad, eficiencia y costos accesibles para su prestación.

Este es un criterio de derecho económico, no se compadece con los conceptos de derecho fundamental que significa el acceso a los servicios públicos domiciliarios, que hacen parte del conjunto de prestaciones reservadas en cada Estado a la órbita de la administración pública y que tienen como finalidad la cobertura de determinadas prestaciones a los ciudadanos.

La prestación de los servicios públicos domiciliarios debe contemplarse como una función fundamental del Estado para la vida en dignidad de todos y cada uno de los gobernados, son inseparables de la vida humana y de su preservación. Entonces, ¿Cómo podrán las personas y comunidades vulnerables vivir sin acceso al mínimo vital del agua? Es por esta razón que ahora tendríamos que hablar del mínimo vital de energía, del mínimo vital de gas natural y de la obligatoriedad del Estado a suministrar el saneamiento básico.

Los servicios públicos no pueden cumplir meramente una función económica y social, deben ser parte de los derechos tutelables como derechos humanos fundamentales y no podrá ser diferente en este estado Social de Derecho que se consagra en la carta de 1991.

Carta que dio origen a la participación de los particulares en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, abriendo paso a los agentes privados para tomar partida en uno de los mejores de los negocios.

En Colombia se ha regulado la prestación de los servicios públicos domiciliaritos a través de las Comisiones de regulación y de vigilancia a través de la Superintendencia de Servicios Súblicos, de tal forma, podemos decir que, mal que bien, existe una regulación: precaria, pero existe.

A partir de lo anterior, no entendemos qué hace el gobierno colombiano cuando participa de un proceso de negociación secreto entre 50 países, al margen de la Organización Mundial del Comercio, que busca garantizar de por vida la privatización de los servicios públicos. Efectivamente, sin informar a la opinión pública, de espalda a nosotros los ciudadanos, el Gobierno Colombiano viene participando de un proceso que busca un nuevo Acuerdo sobre Comercio Internacional de Servicios Públicos, conocido por sus siglas en inglés como Acuerdo TiSA, qué pretende desregularizar y eliminar cualquier regulación en la prestación de servicios entre ellos los públicos domiciliarios. Nos preguntamos sobre ¿Qué pensará el Congreso de la República?,¿Acaso conocerá del tema?, ¿sabrá de las negociaciones que han estado invisibilizadas por el Gobierno Santos, aun cuando ha tenido una participación activa en varias de las rondas de negociación?

Surgen muchas preguntas al respecto, entre ellas ¿Qué hace Colombia en el Grupo que pretende que las condiciones del mercado sean fijadas por el mercado y no por los gobiernos que suscriban ese acuerdo comercial TiSA?, ¿Qué hace Colombia conformando el grupo de los auténticos buenos amigos de los servicios, entre los que se encuentran: Australia, Canadá, Chile, China Taipéi (Taiwán), Colombia, Costa Rica, la Unión Europea, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, República de Corea, Suiza, Turquía y Estados Unidos.

Como ese es un acuerdo impulsado por los Estados Unidos vean lo que textualmente piensan los norteamericanos: “¿Cuál es la TISA?”, El Acuerdo de Comercio de Servicios (TISA) es la oportunidad más prometedora en dos décadas para mejorar y ampliar el comercio de servicios. Iniciado por los Estados Unidos y Australia, el TISA actualmente se negocia en Ginebra, Suiza, con 50 participantes que representan el 70 por ciento del comercio mundial de servicios”.

Dejamos a su consideración esta sencilla nota con el propósito de generar una dinámica de reflexión y discusión. No olvidemos que al Consejo Territorial de Planeación Distrital – CTPD concierne el acompañamiento a la sociedad civil, en materia de planeación, pero también en materia de derechos y acciones para y por el bien de la ciudadanía.

Finalmente, como ciudadanos y ciudadanas nos compete tener claridad respecto de los términos del Acuerdo TiSA, pues allí se está jugando con nuestros derechos FUNDAMENTALES de acceso a servicios públicos. De tal forma que los y las invitamos a participar en las diferentes coaliciones de servicios públicos que se han venido generando desde el mes de julio del presente año y que están siendo integradas por: LA FEDERACIÓN DE VOCALES REGIÓN CENTRO, LA MESA DE SERVICIOS PÚBLICOS, ORGANIZACIÓN REGIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS, LIGA DE USUARIOS de SERVICIOS PÚBLICOS, FEDERACIÓN COMUNAL DE BOGOTÁ Y LA INTERNACIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. Desde estas iniciativas se vienen generando escenarios de reflexión y de actuación buscando inicialmente poner sobre la mesa el tema para su discusión pública para luego determinar las acciones públicas a implementar desde la sociedad civil.

¡Unamos fuerzas y energías para resistir y decir STOP al TiSA!

Victor Carrero Muñoz
Consejero CTPD
Bogotá, Octubre de 2014.

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