No 14 La actualización de las redes de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y la participación ciudadana en el ordenamiento del territorio

No 14 La actualización de las redes de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y la participación ciudadana en el ordenamiento del territorio

El ordenamiento del territorio tiene como finalidad el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. En este sentido la prestación adecuada, oportuna y eficiente de los servicios públicos constituye una prioridad. En Colombia se ha desarrollado el tema de servicios públicos domiciliarios de una manera amplia, ligado al acceso a vivienda de interés prioritario y social, lo mismo que a la renovación urbana.

Al respecto, este escrito hace una alusión a la normatividad que sirvió como fundamento a la expedición del Decreto 3050 de 2013, que liberó a los constructores de la obligación de asumir cargas en torno a la actualización de redes y como el marco jurídico se constituye en una herramienta al servicio de unos pocos en detrimento de los derechos de la mayoría.

La Intervención del Estado en la prestación de los servicios públicos, está contemplada en los artículos 334, 336, y 365 a 370 de la Constitución Política. La ley 142 de 1.994 constituye el desarrollo legal del marco constitucional anotado, entendiendo por servicios públicos domiciliarios los referentes a acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas combustible, telefonía fija pública básica conmutada y la telefonía local móvil en el sector rural; lo mismo que a las actividades realizadas por quienes prestan los servicios públicos de conformidad con lo reglado por el artículo 15 de la ley en cita. La prestación de servicios públicos ha tenido un gran desarrollo normativo y es tratado también en las leyes 388 de 1.997 y 1257 de 2.012. El 27 de diciembre de 2013 el gobierno nacional expidió el Decreto 3050, “Por el cual se establecen las condiciones para el trámite de las solicitudes de viabilidad y disponibilidad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado”, utilizando para el efecto, los instrumentos de intervención estatal.
El decreto 3050/2013 se basó en lo reglado por el artículo 50 de la Ley 1537 de 2012 que establece la obligación que tienen los prestadores de servicios públicos de otorgar viabilidad y prestación efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado.

La Ley 388 de 1997 es citada en los considerandos del decreto para establecer el perímetro de cobertura de los servicios públicos en el área urbana, lo mismo que las obligaciones de los propietarios de inmuebles en cuanto al reparto de la construcción de redes secundarias y domiciliarias de acueducto y alcantarillado. Se menciona igualmente el decreto 1469 de 2010 en cuanto a que uno de los requisitos para obtener la licencia urbanística es la certificación de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios o la autoridad o autoridades municipales o distritales sobre disponibilidad inmediata de servicios públicos en los predios para los cuales se solicita la licencia. Aunque el decreto no haga alusión a ello, es claro que la normatividad sustento de los considerandos, debe articularse con la ya mencionada ley 142 de 1.994, conocida como la ley de servicios públicos domiciliarios, entre cuyos fines están la calidad, disposición final, cobertura, prestación continua e ininterrumpida, prestación eficiente y acceso a los servicios.

El decreto 3050 de 2013, aunado al marco jurídico mencionado, por demás prolífico en materia de regulación en la prestación de servicios públicos domiciliarios, está lejos de articularse con el ordenamiento del territorio y la participación ciudadana en su desarrollo e implementación, y dista de ser, en la práctica, el camino para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, por varios aspectos, fácilmente comprobables, entre los cuales podemos mencionar:

1. Los fines de la ley 142 de 1.994, en lo que tiene que ver con los servicios de acueducto y alcantarillado en Colombia, resultan letra muerta, pues no se cumple con las exigencias técnicas en cuanto a calidad, cobertura, prestación continua y eficiente, y acceso al servicio, entre otros, considerando que el otorgamiento de licencias a los constructores, sin más consideraciones que la de encontrarse en el perímetro urbano, desconoce la necesidad de actualización de las redes, frente a la renovada y permanente demanda por parte de nuevos usuarios.

2. La normatividad existente sirve a los intereses económicos de una minoría, para quien el suelo constituye su fuente de riqueza, sin consideraciones de planeación y ordenamiento del territorio, sólo su explotación. De esto da cuenta el articulado del decreto, cuando en su contenido deja claro que la actualización de redes debe ser garantizada por las empresas prestadoras de servicios públicos, trasladando como es obvio, el costo a los usuarios y liberando de cualquier carga a los constructores.

3. El gremio de la construcción usa y explota el suelo sin ninguna consideración de orden social o ambiental, donde las formas legales sirven a un discurso pero se distancian de la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos para acceder en condiciones de igualdad, a la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado, que resultan vitales para una vida digna.

4. El agua, como derecho fundamental, bien social y cultural, garante de otros derechos como la salud, la alimentación y un ambiente sano, es dejado de lado, resultando inane frente a la garantía efectiva, haciendo parte del discurso político más no de la realidad social, al mezclar el acceso en los proyectos de vivienda de interés social y prioritaria con los grandes de renovación urbana.

5. La participación ciudadana en cuanto al uso del suelo, es desplazada por las decisiones inconsultas y no concertadas. Basta observar la fecha de expedición del decreto (27 de diciembre de 2013) para entender que aquí no medió la más mínima participación y concertación con la gente.

6. La sostenibilidad ambiental de las ciudades que debería ser un interés superior, es desplazado por la construcción salvaje e irracional. El examen del decreto permite establecer con certeza que tras de un titular, se construye sin ninguna limitación, sin importar que las obsoletas redes de servicios de acueducto y alcantarillado no respondan a las necesidades actuales y mucho menos a las demandas de nuevos usuarios.

7. Se privó de autonomía a los municipios en cuanto a la regulación del uso del suelo. Ahora, desde el nivel nacional, se controla y decide, cómo, con quién y para quiénes es el territorio; y se “ordena” en torno al dinero, no en aras de la sostenibilidad y la inclusión. En cons

En consecuencia, el uso irracional del suelo para favorecer determinados intereses, aunado a la apatía, la indiferencia, la participación sin incidencia, la desinformación manipulada y calculada, difícilmente conducirán a planear el ordenamiento del territorio hacia la construcción de ciudades sostenibles e incluyentes, donde el derecho a contar con servicios públicos de acueducto y alcantarillado, de calidad, eficientes y con cobertura, se constituyan en garantes del derecho a la vida, la salud y a un ambiente sano.

Martha Elizabeth Triana Laverde
Consejera CTPD
Bogotá, Diciembre de 2014.

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