No 12 “Participación en el Ordenamiento Territorial – Hacia la construcción de ciudades sostenibles y más incluyentes”

No 12 “Participación en el Ordenamiento Territorial – Hacia la construcción de ciudades sostenibles y más incluyentes"

Con el propósito de impulsar unas políticas nacionales que respondan a la lógica de la realidad de la terminación del conflicto colombiano en el mediano y largo plazo, enmarcado en la firma del acuerdo entre las autoridades nacionales y el grupo insurgente de las FARC, en la Habana – Cuba, así como la posible apertura de diálogos con el ELN; se deberá establecer una acción Jurídico Política que materialice e institucionalice todos los acuerdos pactados entre las partes, considerando unos términos prudentes, y la forma como se aterrice al Estado y en toda la geografía colombiana.

Como una de las políticas necesaria a implementar y responder al acuerdo, se encuentra lo referente a la función que desempeñarán los entes territoriales en el proceso del posconflicto, principalmente las ciudades. Ciudad, concepto que deberá tener alguna caracterización especial como: Jerarquía nacional, población, capacidad de manejar usos del suelo, finanzas públicas, institucionales competentes, para cumplir la nueva y delicada función, puesto que no es lo mismo la dinámica de Distrito Capital, a la de los distritos especiales, capitales de departamentos, a pequeños poblados etc., por lo tanto, será necesario aclarar de qué entes territoriales hablamos para poder establecer las funciones específicas que va a cumplir cada una.

Hablando de las “Ciudades” específicamente, es mi interés formular una serie de preguntas que considero pertinentes, para dar inicio a la discusión del papel de las ciudades en el posconflicto:

• ¿Qué papel van a tener las ciudades en los procesos de desmovilización?

• ¿Qué capacidad de reincorporación y re ciudadanización de los excombatientes desmovilizados pueden y deben tener las ciudades?

• ¿Cómo se deben abordar los fenómenos asociados a la presencia de población desmovilizada en la ciudad: temor y marginación social, conflictividad con otros grupos sociales, vinculación a actividades ilegales?

• ¿Qué implicaciones van a tener las situaciones de posconflicto para la seguridad ciudadana y la convivencia de las ciudades?

• ¿Cómo se van a generar en las ciudades formulas sostenibles de reconciliación entre población de acogida y población desmovilizada?

• ¿Cómo lograr estrategias de superación de situaciones de estrés postraumático de excombatientes reinsertados?

En relación a las preguntas formuladas debemos ser conscientes que las ciudades colombianas deberán sustentarse legalmente y apoyarse en políticas emanadas del Gobierno Nacional, de lo contrario se puede presentar grandes problemas de abastecimiento social, con el agravante de que el Estado como Ente Territorial, se convierta en una instancia de dilataciones y, en el peor de los casos, en un ente altamente represivo para detener esa ola exponencial de demandas sociales.

Ahora bien, tendremos que para que las “ciudades” cumplan con el objetivo, será necesario generar cambio a nivel nacional, generando un Nuevo Pacto Social, en el que sea posible despolitizar la elección de los directores de los entes de Control Nacional y Territorial, Redistribuir las funciones estatales y financiarlas adecuadamente, Establecer una política de descongestión y agilización de la justicia, Dotar a los centros urbanos de instrumentos tanto legales, como fiscales, administrativos y operativos.

Será también necesario revisar temas como la eliminación de la dinámica de guerra a la cual hemos estado tan acostumbrados, generar cambios en la Cultura Política, estableciendo estatutos que brinden garantías a la oposición política, garantizando el ejercicio de la protesta social y la participación ciudadana a través de la posibilidad de acceder a los medios masivos de comunicación. Todo esto acompañado del factor económico, planteando la posibilidad de establecer un modelo de desarrollo económico – social y poniendo sobre la mesa la re-negociación de los tratados de libre comercio y la redistribución de la financiación del aparato estatal.

Respecto a lo anterior, evidenciamos que Bogotá tiene varias debilidades para asumir el proceso político del “Pos Conflicto” debido a las carencias institucionales adecuadas. En materia de educación, la infraestructura existente resulta poco flexible para responder a una demanda creciente y dispersa y aunque la situación tiende a obtener respuestas con el nuevo POT Distrital, ha sido y seguirá siendo una ardua labor eliminar la segregación, la crisis en salud que experimenta la ciudad, los conflictos de vivienda puesto que la ciudad ha urbanizado o permitido urbanizar terrenos no aptos para ubicación de vivienda urbana, como el proyecto del “Rodeo” en la Localidad de Bosa, cuyas viviendas están por debajo del nivel del agua del Río. Los derechos adquiridos legítimamente por particulares en Campo Verde de la misma localidad, permiten continuar con esta política errada. Entonces surgirá la pregunta ¿Dónde se van alojar esos nuevos ciudadanos emigrantes que llegaran?

Para finalizar cabe anotar que estas palabras sobre los enunciados de procesos: políticos, jurídicos, sociales, económicos y culturales, son simplemente algunas ideas que se elaboran a mano alzada sobre ese tremendo reto que tiene la sociedad colombiana y el Gobierno Nacional para superar esos largos 60 años de la confrontación armada que padece el país, y que tienen fundadas todas sus esperanzas en que los acuerdos a que se llegue en la Habana, sean el inicio de la tarea de reconstruir el país, que todos los colombianos anhelamos, y que esperamos sean realidad para las próximas generaciones. Políticas públicas, que esperamos, sean ejecutadas y desarrolladas principalmente por los entes territoriales.

Rodolfo García Peña
Presidente CTPD
Bogotá, Octubre de 2014.

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