No 09 ¿Qué nos espera del POT en Bogotá?, ¿Cómo afecta a Bogotá la suspensión del Decreto 364 de 2013 que adoptaba la Revisión del POT?

No 09 ¿Qué nos espera del POT en Bogotá?, ¿Cómo afecta a Bogotá la suspensión del Decreto 364 de 2013 que adoptaba la Revisión del POT?

El pasado 1º de abril de 2014, por una decisión del Consejo de Estado, se suspende provisionalmente el Decreto 364 de 2013 (ME-POT), que modificó el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, con el argumento de que la competencia para reglamentar el uso del suelo está en cabeza del Concejo Distrital y no del Alcalde Mayor, según reza tanto en el artículo 313 de la Constitución Política, como en el Estatuto Orgánico de Bogotá (Decreto Ley 1421 de 1993), en las que se dispone que la reglamentación del suelo es exclusiva de los Concejos Municipales.

La medida cautelar mientras se produce un fallo de fondo, trae repercusiones inmediatas como el advenimiento del Decreto 190 de 2004, que debe regir nuevamente a pesar de haber sido derogado por el Decreto suspendido. Efectivamente el Decreto 364 de 2013, se presentó como una modificación excepcional (ME), pero al final terminó derogando el Decreto anterior, lo cual constituyó una reforma de fondo.

Son diversas las apreciaciones que causa tal decisión, quienes la defienden como los gremios de los constructores y promotores inmobiliarios, se alegran porque las cargas urbanísticas que se exigían en el nuevo POT impedían incrementar sus ganancias y afectaban la inversión. Los menos contentos como los funcionarios de la Administración Distrital dicen que se retrocede en temas ambientales y de ruralidad, para otros como algunas comunidades residentes en los grandes proyectos de Renovación Urbana o vinculados a las Operaciones Estratégicas, les da un respiro en su inminente desplazamiento, proyectos como el Plan Maestro de Ampliación y Renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN) quedará reducido sólo a edificios para el gobierno y entidades estatales, pues el Decreto 190 de 2004 solo permite el “uso dotacional en condición de permanencia” mientras la normatividad del POT suspendido, permitía nuevos usos del suelo (usos mixtos), como son los de vivienda, comercio, recreación y cultura.

El Decreto 364 de 2013, posee una línea socio-ambiental e intenta integrar el desarrollo de los ecosistemas a la ciudad, en programas de protección del agua, cambio climático, la resiliencia y pensando en eco urbanismo, avanza en la protección de los recursos y reservas ambientales, integrando o conectando los Cerros Orientales y el río Bogotá, además, con la idea de proteger los páramos ubicados alrededor de Bogotá como el corredor Sumapaz – Guacheneque, así como las áreas de humedales, áreas de bosques y áreas protegidas. Al suspenderse, queda en manos de los intereses de grandes inversionistas que privilegian predios naturales y del recurso hídrico para la construcción en terrenos de riesgo y extracción minera afectando gravemente el ecosistema.

Otro elemento que pone en consideración la medida adoptada, son las licencias de construcción que se tramitan a partir del 1º de abril, fecha en la que el Consejo de Estado suspendió el POT de 2013, deben gestionarse de conformidad con el Decreto 190, que es el POT expedido en 2004 y se encuentra vigente en este momento.

Contra la medida cautelar se interpuso un recurso que aún no ha sido resuelto y mientras tanto, se encuentra vigente la suspensión. De acuerdo con el nuevo Código de Procedimiento Administrativo, la suspensión rige hasta que no haya una decisión en sentido contrario.

Son evidentes, en algunos temas, los logros y beneficios que trae el POT suspendido, por tanto, el llamado es a la sociedad civil y a la ciudadanía en general, a apoyar tales temas, ya sea realizando un permanente “control social” o seguimientos o con dinámicas sociales y movilización, para ello es necesario dotar al ciudadano de información, la tarea del Consejo Territorial de Planeación Distrital – CTPD, es divulgar lo positivo y que la ciudadanía defienda su territorio, mediante diferentes mecanismos y acciones judiciales.

Bogotá, Junio de 2014

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