No 22 INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN

El entender el ejercicio de la ciudadanía, cualquiera que sea su condición, por género, discapacidad, situación de vida, etnia, religión, u otra, en una sociedad que avanza aceleradamente en el campo de la información y las comunicaciones, caracterizado por la participación de diversos actores que van desde el gobierno, las instancias, las organizaciones sociales, hasta los ciudadanos/as, implica garantizar a estos últimos, el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones “TIC”, las cuales brindan a las diversas poblaciones, la oportunidad de generar, difundir y usar la información para la producción de conocimiento, en función del desarrollo y por tanto de crear unas condiciones para hacer una sociedad más equitativa y justa.

Dada la importancia de las TIC en el mundo moderno, quienes estén al margen de ellas, quedan excluidos por defecto de la sociedad. Asunto que agrava la situación dada la exclusión histórica a las poblaciones referidas, en especial a la población con discapacidad, profundizando de este modo las condiciones de vulnerabilidad, en el entendido que las autopistas de la comunicación; son vehículos para el acceso al del derecho a la participación  y a otros derechos conexos, como el de la salud, el trabajo, la educación, entre otros, por lo tanto, la negación de estos afecta de modo concreto la dignidad, la autonomía y la  independencia a estas poblaciones.

Sumado a lo expresado, estas poblaciones al no poder de una parte divulgar su producción política, social, cultural y económica, se les afecta de manera directa la puesta en conocimiento de sus necesidades e intereses y de otra, el poder recibirla; es decir se dificulta el acceso a las mismas por no contar con las condiciones diferenciadas de acceso que correspondan, haciendo improbable su inclusión, vinculación en la implementación de las políticas destinadas al conjunto de la sociedad y por tanto el goce efectivo de derechos.
La Constitución Política de 1991, ordena pasar de una igualdad formal a una igualdad material, sobre todo cuando el Estado tiene la obligación de proteger de modo especial a grupos como la población con discapacidad, mujeres, adulto/as mayores, etnias, afrocolombianos/as,  niños y niñas, entre otros. A partir del deber de “garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial”.

El transmitir y recibir información implica unos mínimos en ocasiones difíciles de establecer, por la evolución y desarrollo de las TIC, lo cual en una democracia incluyente y participativa, obliga a contar con un pensamiento abierto a tales acontecimientos y por tanto, mientras se reducen las brechas de inequidad en el acceso a la información, las tecnologías, el diseño universal, los enfoques diferenciales, poblacional, de género, de discapacidad, ajustes razonables y acciones afirmativas, toman fuerza en las acciones relacionadas con el derecho a la libertad de expresión y opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con los demás, que como ya se manifestó es conexo a otros derechos.

 

Autor: Héctor Julio Castañeda

Consejero Territorial de Planeación

Comisión Poblacional

 

0 Comentarios

Contesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Contacto

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap. No estamos en este momento. Pero puede enviarnos un correo electrónico y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Nous ne sommes pas là maintenant. Mais vous pouvez nous envoyer un email et nous reviendrons vers vous dès que possible

Enviando

Inicia Sesión con tu Usuario y Contraseña

o    

¿Olvidó sus datos?

Create Account