No 28 PROYECTO DE MANIFIESTO POR LA PARTICIPACIÓN CTPD – Comisión de Participación

rendición de cuentas CTPD (45)

De acuerdo al estudio ‘Diez años de participación en Bogotá (1990-2002)’, la participación ciudadana en Bogotá cuenta con unas estructuras organizativas que se  definen así: Organizaciones  Comunitarias territoriales (JAC, comités cívicos, de vecinos), Organizaciones Comunitarias Funcionales (Madres Comunitarias, Asopadres, Comités de salud, vivienda), Organizaciones Comunitarias Sustantivas (Mujeres, Jóvenes, Adultez, diversas, ambientales), Organizaciones Solidarias (Mutualistas, Defensa Civil, De Derechos), ONG (Derechos Humanos, Medio Ambiente), Gremiales (Economía Informal, Sindicatos,  Cooperativas, Comerciantes e Industriales) y Personas sin expresión organizativa formal, la más amplia de todas.

De las pocas encuestas que sobre la participación pudimos reseñar entre los años 2000 a 2015, extrajimos los siguientes elementos que sirven de marco referencial para nuestro objetivo de elevar la participación a un estadio superior, dada la fuerza creciente de la movilización ciudadana en Colombia, en búsqueda de atención a sus múltiples y críticas demandas.

  • Para el 37% de las personas, participar es tener acercamiento a lo comunal; el 21% considera que es vigilar la actuación de la administración pública; y solamente el 11% cree que es incidir en decisiones de ciudad. El resto no sabe o no responde.
  • El 46% dice no pertenecer a ningún tipo de organización, el 34% no tiene conocimiento del tema, ni información y el 8% manifiesta su absoluto desinterés sobre el tema; el 6% dice haber participado en eventos institucionales, como rendiciones de cuentas, y un 6% no responde.
  • El 74% de personas manifestó que los y las lideresas no tienen contacto con la ciudadanía, pero a su vez no muestran interés por cambiar el estado de la participación.
  • El 26% de los mismos encuestados conceptúa que los espacios de participación ya tienen dueño y están tomados por personas que coartan la participación ciudadana.

Si se analiza la participación ciudadana y la planeación participativa desde el punto de vista histórico y normativo, encontramos que los Acuerdos 12 y 13 se han quedado cortos frente a los crecientes hechos de ciudadanía en búsqueda de incidir en los asuntos públicos y sus derechos. En el año 2010 se expidió el Decreto 101 “Por medio del cual se fortalece institucionalmente a las Alcaldías Locales, se fortalece el esquema de gestión territorial de las Entidades Distritales en las Localidades, se desarrollan instrumentos para una mejor gestión administrativa y se determinan otras disposiciones”, y en el 2011 se emitió el Decreto 503 “Por el cual se adopta la política pública de participación incidente para el Distrito Capital”.

Simultáneamente se hacía visible el carrusel de la contratación, poniéndose al orden del día el fenómeno de corrupción en la ciudad, de modo que los mencionados actos administrativos se quedaron en el papel y han carecido de difusión por parte de las entidades del distrito. En el Gobierno “Bogotá Humana”, no solamente se desconocieron estos decretos, sino que con los llamados Cabildos Ciudadanos se anuló el escaso papel incidente de la comunidad en los procesos de participación ciudadana establecidos para los Encuentros Ciudadanos, se restó fuerza a las JAL, a los CPL y otros espacios ciudadanos ya conformados.

En el actual Gobierno de “La Bogotá Mejor para Todos” se agrava y profundiza la tendencia de desconocimiento de la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con las políticas públicas, curiosamente con las mismas directivas 05 y 07, tanto en el 2012 como en el 2016 se dictan medidas restrictivas para la participación ciudadana, a través de las Líneas de Inversión que limitan las posibilidades de participación y disminuyen la incidencia ciudadana.

Es de resaltar que de 660 metas del PDD, solamente 6 corresponden a participación, del 70% de presupuesto destinado a los temas sociales en ‘Bogotá sin Indiferencia y Positiva’; se pasa a un 60% en ‘Bogotá Humana’ y un 15 % en la ‘Bogotá Mejor para todos’.  Agreguemos que el actual gobierno tiene como meta central la ampliación del proyecto destinado a la movilidad y el modelo Transmilenio, lo cual deja en difíciles condiciones proyectos de políticas públicas destinados a atender a las poblaciones y  los derechos ciudadanos.

En contraste, continúa el crecimiento de la voluntad popular a partir de los procesos organizativos de la ciudadanía consagrados en la Constitución Nacional de 1991, dado que crece la indignación y se consolidan las organizaciones sociales como alternativa de fortalecimiento de la lucha por las reivindicaciones negadas.

De lo anterior, surge la urgencia de romper con tradicionales ataduras de cara a la participación ciudadana, ataduras ligadas al modelo de gobierno de minorías que desconocen el preponderante e incidente papel de hombres y mujeres en las distintas etapas de su ciclo vital, de las poblaciones, de la diversidad, de la diferencia, de una  sociedad civil que no es la misma del año 2000.

Ante la incapacidad del Estado para atender las demandas ciudadanas, surge como respuesta, especialmente en Bogotá, un intento de descentralización que terminó siendo la desconcentración administrativa, que en materia de participación ciudadana pretendía incorporar la discusión de sus problemas, pero igualmente se redujo a una sesgada información excluyente, que aisló a los/as ciudadanos/as de la toma de decisiones.

La participación que se ha regulado es producto de la presión y de la iniciativa de la sociedad civil, que ha buscado apertura de espacios para resolver problemáticas aplazadas en el tiempo. Así, la ley estatutaria de la participación ciudadana, 1757 de 2015, surge justamente como respuesta a la creciente movilización ciudadana, a los altos índices de presencia de organizaciones sociales y de acciones legales que inundaron los despachos judiciales en búsqueda del reconocimiento de los espacios de participación y representación de la Sociedad Civil.

El artículo 1º de dicha Ley establece que su objeto es “…promover, proteger y garantizar modalidades del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo a controlar el poder político”. La presente ley regula la iniciativa popular y normativa ante las corporaciones públicas, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, el plebiscito y el cabildo abierto; y establece las normas fundamentales por las que se regirá la participación democrática de las organizaciones civiles. La regulación de estos mecanismos no impedirá el desarrollo de otras formas de participación democrática en la vida política, económica, social y cultural, ni el ejercicio de otros derechos políticos no mencionados en esta ley.

La ley incluye la obligación de todo plan de desarrollo, de promover la participación, un capítulo destinado al tema de la financiación y creación de los Fondos Departamentales, Municipales y Distritales para la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia, que al igual que los presupuestos participativos quedan a la voluntad de los mandatarios de turno, con el concepto “podrá crear”.

Igualmente, la ley no es clara en la creación del Consejo Nacional y los Consejos Territoriales de Participación, que de no ser tratados correctamente, pueden dar lugar al decaimiento de los CTP, que luchan aún por su fortalecimiento. No obstante, la ley 1757 de 2015, que merece un estudio y análisis especial, y que de hecho ya es sujeta de modificación en el Congreso de la República, es un instrumento importante en la meta del fortalecimiento de la participación ciudadana y una herramienta más en la búsqueda de la incidencia real de las comunidades en las distintas políticas.

La Comisión de Participación del CTPD ha tomado la decisión de hacer visible y protagónico este complejo pero fundamental aspecto que configura el accionar de la primera instancia participativa de la ciudadanía bogotana, la cual ha entendido en los últimos años que las normas y legislaciones vigentes son insuficientes, sin la motivadora y decisiva movilización de la sociedad civil.

La propuesta genera el reto de hacer de la participación ciudadana un verdadero proceso de cambio de la realidad que hoy tiene al país y en particular a la ciudad de Bogotá y sus territorios sumidos en el trágico contexto neoliberal de hacer de lo público el negocio, de hacer de los derechos el usufructo, de invisibilizar las poblaciones como práctica  recurrente, de desconocer los logros sociales para dar paso a los megaproyectos económicos, del enriquecimiento de minorías sobre el desempleo, el hambre, la informalidad, la negación, la quiebra y la crisis de las mayorías, del desmonte de los valores del agua, la tierra, la naturaleza, la flora, la fauna.

De otra parte, el arte, la cultura, la recreación y el deporte toman un color naranja que vulneran los derechos de la ciudadanía.

Un ejemplo creciente es el relacionado con los recursos naturales del país, supuestamente propiedad de los aquí nacidos, por lo que su explotación debería garantizar una vida digna para todos y todas; pero no, porque las grandes decisiones no las toma la ciudadanía, la gente, la sociedad civil. Las grandes decisiones las toman desde el centro de poder que hoy entrega estos recursos naturales a intereses de la mega-minería y de multinacionales que se enriquecen con lo nuestro, ya que quien toma las decisiones es el que termina beneficiándose de los macro proyectos. Cajamarca y Yopal nos muestran un camino y una oportunidad de la fuerza vinculante del poder ciudadano.

Así,  desde cada uno de los sectores representados en el CTPD es menester:

  • Generar amplios espacios de socialización sobre la importancia de la participación.
  • Erradicar de los espacios participativos los intereses particulares.
  • Comprometer cada vez más ciudadanía en el seguimiento de la ejecución de las políticas públicas.
  • Tener en cuenta las particularidades sectoriales, territoriales, diferenciales y diversas para garantizar participación democrática. Mucha participación sin incidencia genera apatía, agota a la comunidad y da paso a la manipulación.
  • La participación incorpora la inclusión, siempre pensar en las personas con discapacidad, mayores, jóvenes, niños y niñas.
  • Con utilización de medios alternativos, difundir ampliamente en cada espacio representado en el CTPD los aspectos relevantes y motivar la participación.
  • Luchar contra el flagelo de la corrupción en todos los niveles, pero en particular, el creado por la politiquería de esperar compensación, por pequeña que sea, para asistir a los eventos.
  • No generar desde nuestros espacios ideas desarticuladas de participación con errados conceptos de DECISIONES NO VINCULANTES o CONCEPTOS QUE NO OBLIGAN, dado que la participación ciudadana como tal es VINCULANTE Y OBLIGATORIA para las entidades públicas.
  • Denunciar y generar procesos disciplinarios a la falta de voluntad política de la administración que incumpla preceptos legales de participación.
  • Motivar la movilización ciudadana.

A la administración haremos exigible, para el libre ejercicio ciudadano:

  • Respetar las decisiones ciudadanas: No fomentar la cultura de TODOS OPINAMOS, TODOS INCIDIMOS Y OTROS DECIDEN.
  • Dar el respaldo y las garantías para su funcionamiento, que a la luz del estatuto de la participación se debe brindar a las diferentes instancias de participación ciudadana tanto distritales como locales.
  • Que las convocatorias sean claras y oportunas especificando la importancia de la actividad y de la presencia ciudadana.
  • Que las actividades se programen en horarios adecuados para la comunidad, teniendo en cuenta sus características particulares.
  • Buscar espacios físicos suficientes para una actividad y en sitios accesibles.
  • Coordinación interinstitucional para garantizar la efectividad de las convocatorias y de la participación ciudadana.
  • Garantizar recursos para comunidades altamente vulnerables, sea por distancias o por condiciones especiales.
  • Dar garantías para que el ejercicio del control social, sin atropellos, ni amenazas, ni persecución, con pleno respeto al derecho de opinión. No generar violencias o matoneo institucional.
  • Que los talleres y ejercicios de formación institucional tengan lenguaje sencillo, asequible, claro, ameno y que llegue a todos y a todas sin discriminación.
  • Evitar el exceso de formalidades institucionales que ponen barreras de acceso a la comunidad para el ejercicio de su participación, (la burocracia, la tramitología y el poder administrativo son inflexibles).
  • Promover la modificación de los Acuerdo 12 y 13 que han determinado tanto la ‘planeación participativa’, como la participación ciudadana en el distrito.

Con este documento damos apertura a una amplia participación de la ciudadanía con el fin de recoger los sentires y expectativas de la participación y hacer de este el manifiesto de la participación ciudadana, para lo que esperamos recibir sus propuestas a través de:

Página web: www.ctpdbogota.org,

Correo electrónico: consejo_territtorial@yahoo.com,

Facebook: @ConsejoTerritorialdePlaneaciónDistrital

Twitter: @consejoTPD

Hashtag #ManifiestoPorLaParticipación

Hagamos de este un momento histórico y apropiado para la transformación de la participación ciudadana

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